La responsabilidad penal de la empresa es un aspecto jurídico cada vez más relevante en nuestro país. Tradicionalmente nuestro derecho penal, derivado de la legislación alemana, no ha admitido como principio básico que las personas jurídicas pudieran ser sujetos de la acción penal, y, por lo tanto, sancionables.
Pero las últimas modificaciones del Código Penal han trastocado esa doctrina por la cual, sin llegar a considerar a las personas jurídicas (las empresas) con capacidad para cometer delitos, ahora se les deriva responsabilidades penales por no haber prevenido la comisión de ilícitos en su seno. Además, la responsabilidad penal se extiende más allá de los órganos de dirección de las empresas, haciendo responsable a la entidad de los actos delictivos cometidos por órganos intermedios, empleados y terceras personas que se relacionen con la actividad de la mercantil.
Catálogo de penas para las personas jurídicas
El Código Penal recoge el siguiente catálogo de penas para las personas jurídicas:
1.- Multa por cuotas o proporcional a la sanción impuesta a la persona física y el daño causado.
2.- Disolución de la sociedad.
3.- Suspensión de actividades por un plazo de hasta cinco años.
4.- Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo de hasta cinco años.
5.- Prohibición, temporal (por hasta quince años) o definitiva, de realizar determinadas actividades.
6.- Prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por hasta quince años.
7.- Intervención judicial por hasta cinco años.
Especial atención al crecimiento de las startups
Las startups representan una tipología de empresa que debe prestar especial atención a esta realidad penal, ya que cuando se trata de proyectos de éxito, suele crecer con rapidez el número de socios. La situación se convierte en más difícil de manejar cuando entran en juego los inversores.
Es importante delimitar el papel de cada uno de los miembros que se van incorporando a la compañía para evitar que cometan delitos que puedan afectar a la entidad en su conjunto.
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