En el actual plan para solventar la morosidad de las entidades locales, los proveedores habrán de acudir a las corporaciones para que se les informe si están incluidos en la relación de facturas enviadas al Ministerio de Hacienda, a fin de que sean atendidas.

Los proveedores que no consten en la lista podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, que habrá de ser expedido en un plazo máximo de 15 días; si pasado ese plazo no hay respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro.

Un total de 4.622 entidades locales, que se acogieron al mecanismo extraordinario para el pago de sus obligaciones pendientes de pago, han presentado de 1.931.976 facturas, por un importe de 9.584 millones. Se habla que de los acreedores de los ayuntamientos, dos tercios son PYMES y autónomos.

Parece ser que, en gran parte, esta medida del Gobierno viene acuciada por la determinación de las grandes empresas de servicios en suspender sus contratos y dejar de abonar los salarios de sus trabajadores, con las graves consecuencias que ello tendría.