Este campo del derecho es muy técnico. En nuestro país existen multitud de normas de muy distinto origen (municipales, autonómicas y estatales, de orden interno u orgánico, de ejecución o de regularización de un sector, etc.) que exigen, para tener posibilidades de éxito en un contencioso contra la Administración Pública, unos conocimientos muy extensos.
No presumimos de conocer todas las normas administrativas, pero si de dos cosas esenciales para encomendarnos un asunto de relevancia: perfecto manejo de la norma de procedimiento, y el estudio concienzudo que se realiza de cada caso para exigir la correcta aplicación de la ley.